La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, prevé la vigilancia de la salud de los trabajadores y entre esa vigilancia debería estar el control administrativo-sanitario de las incapacidades laborales, tanto en lo que respecta a la incapacidad temporal como a la permanente. Ante el enorme coste que genera la Incapacidad Temporal, se han establecido mecanismos necesarios, pero insuficientes e impopulares, de control y que necesitan de un consenso difícil entre distintas Administraciones (Autonómicas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Sanidad) con muchos Organismos y Entidades implicados (Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales, Servicios Autonómicos de Salud, Agentes Sociales, Trama Empresarial,etc.), que hacen bueno el refrán de "a río revuelto…".
